La jueza en función de juicio Dra. María del Rosario Hinojo declaró la responsabilidad penal de un adolescente, luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado. Se trata de la primera resolución dictaminada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil: se establecieron reglas de conducta y medidas de acompañamiento interdisciplinario.
La responsabilidad penal del menor fue dictaminada hoy, 21 de octubre de 2026, por hechos calificados como encubrimiento por receptación dolosa, amenazas con armas, amenazas coactivas, desobediencia a la autoridad, daños y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Al fundamentar la resolución, la magistrada consideró el principio de especialidad de la justicia juvenil, las garantías constitucionales y convencionales y las circunstancias particulares del caso.
El adolescente fue juzgado y declarado responsable mediante un juicio abreviado, luego de que la jueza homologara el acuerdo alcanzado entre el representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Pablo Martín de Tezanos Pintos; el adolescente asistido por su abogado defensor, Dr. Cesar León, y el Defensor de Menores, Dr. Federico Samán; en los términos establecidos por el artículo 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.
En el acuerdo, el adolescente asumió la responsabilidad penal por los hechos atribuidos y se difirió la determinación de la pena conforme a los previsto en el artículo 4 de la Ley 22.278.
Medidas dispuestas
Entre las medidas dispuestas se incluyó un abordaje interdisciplinario en territorio, orientado a acompañar al adolescente en la construcción de un proyecto de vida acorde con su edad. La intervención se enmarca en una respuesta judicial especializada que considera los derechos del adolescente y de la víctima.
El Poder Judicial informa que continúa fortaleciendo el trabajo interinstitucional para la implementación del Régimen Penal Juvenil y el desarrollo de acciones de prevención y capacitación. Estas líneas de trabajo forman parte de una política institucional que promueve el acceso a una justicia cercana, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y una intervención oportuna y adecuada a cada situación.
Por tratarse de un proceso penal juvenil, se omiten datos personales y detalles que puedan permitir la identificación del adolescente o de otras personas involucradas.
