La Ley N.º 27.801, Régimen Penal Juvenil, se encuentra vigente en nuestro país a partir del 5 de septiembre de 2026 y establece un marco específico para los adolescentes de 14 años a 18 años, cuando se encuentran involucrados en una situación que constituye un delito.
La entrada en vigencia de este nuevo régimen constituye una oportunidad para brindar información clara a adolescentes, familias, instituciones y a toda la comunidad, especialmente referido a los derechos y garantías que deben ser respetados durante un proceso penal juvenil.
¿Cuál es el propósito del nuevo régimen?
La Ley establece como finalidad fomentar en el adolescente la responsabilidad por sus actos y promover su educación, resocialización e integración social. Asimismo, establece que las respuestas frente a los hechos deben contemplar las características y circunstancias de cada situación.
Por ello, hablar de un régimen penal juvenil no significa solamente hablar de delitos o sanciones, también significa hablar de derechos, educación, responsabilidad, oportunidades, inclusión y acompañamiento, es decir que quienes atraviesan un proceso penal juvenil cuentan con derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las demás normas aplicables. Entre ellos se encuentran el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el respeto por la dignidad y la protección frente a medidas que restrinjan sus derechos.
Asimismo, el nuevo régimen establece la necesidad de contar con operadores especializados en materia penal juvenil, procurando que quienes intervienen en estos procesos cuenten con la formación y conocimientos específicos necesarios para abordar las situaciones que involucran adolescentes desde una perspectiva acorde a su edad y sus derechos.
Una respuesta que también debe promover oportunidades
El nuevo régimen contempla diferentes medidas y penas, de acuerdo con las características de cada caso, entre ellas la amonestación, reglas y condiciones de conducta, servicios a la comunidad, reparación del daño y monitoreo electrónico. La privación de libertad constituye una medida excepcional y de último recurso, que debe aplicarse únicamente cuando resulte estrictamente necesaria y de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley
A su vez, la Ley contempla medidas vinculadas con la educación, la formación ciudadana, la capacitación laboral y la participación en actividades deportivas, recreativas y culturales, procurando favorecer el desarrollo personal y la integración social de los adolescentes.
También incorpora la posibilidad de recurrir a la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, que pueden incluir acciones orientadas a la reparación del daño y a la educación y formación del adolescente.
Prevenir también es proteger derechos
Desde la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA) consideramos fundamental que la entrada en vigencia de este nuevo régimen sea acompañada por información accesible y acciones de prevención, es por ello que venimos trabajando activamente en la difusión y promoción de los derechos de las y los adolescentes.
En este sentido, elaboramos material audiovisual pensado para acercar a las adolescencias información clara sobre la nueva normativa. Estos contenidos forman parte de las acciones de prevención y concientización que desarrolla la Oficina y han sido difundidos por distintos organismos vinculados a la Justicia, ampliando su alcance a través de redes sociales y contribuyendo a que esta información llegue a más adolescentes y a la comunidad en general.
Conocer los derechos, comprender las consecuencias de las propias acciones, fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, garantizar el acceso a la educación y generar espacios de escucha y participación son herramientas fundamentales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La prevención no comienza cuando aparece un conflicto con la ley.
Prevenir también significa generar condiciones para que cada adolescente pueda conocer sus derechos, desarrollar sus capacidades, tomar decisiones responsables y construir un proyecto de vida.
La ONNA, tiene entre sus objetivos contribuir a la promoción, protección y difusión de los derechos de las infancias y adolescencias, fortaleciendo una mirada integral y de corresponsabilidad.
