Poder Judicial de la Provincia de Jujuy       

II ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS CATOLICOS

UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA

 COMISION COMISION III

Autoras:

 ELSA ROSA BIANCO

Profesora Adjunta a cargo de la Cátedra de Derecho Internacional Privado

Defensora Oficial de Pobres y Ausentes – Jujuy

SUSANA MARIA TRAILLOU DE CARDOZO

Profesora Adjunta a cargo de la Cátedra de Derecho Civil V

Directora del Departamento de Asistencia Jurídico Social – Jujuy

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO

DEPARTAMENTO ACADEMICO SAN SALVADOR DE JUJUY

Tele-Fax 0388-4236139

UCSEDASS@COPETAL.COM.AR

 OCTUBRE DEL AÑO 2000

II ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS CATOLICOS

UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA – OCTUBRE DEL AÑO 2000

COMISION N º 111: Los valores en la asistencia de la persona

EL  DERECHO A LA SALUD: UN DERECHO NATURAL TUTELADO CONSTITUCIONALMENTE

EL CASO DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA: UN FLAGELO SOCIAL

I- INTRODUCCION

El derecho a la salud, aparece en el siglo XX como la cenicienta de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, sin advertirse que  sólo un pueblo sano, producirá una sociedad intelectual y laboralmente eficiente.

Hoy, en la era de la tecnología “de punta”, pareciera que hemos olvidado el postulado básico que los antiguos tenían como axioma que iluminaba permanentemente, el actuar del hombre: “mente sana en cuerpo sano”.

            Sin detenernos en disquisiciones históricas, ni médicas sobre la etiología de la bulimia y anorexia, dejando el tema para análisis de los especialistas, nos limitaremos a exponer el fenómeno tal como vemos que aparece, las consecuencias que saltan a la vista y trataremos de dar algunos lineamientos jurídicos, con el objeto de motivar la reflexión y el tratamiento jurídico del tema, a partir de las conclusiones generales sobre la salud, encarada como garantía constitucional.

            Frente a la aparición de nuevos fenómenos sociales generalizados, que tienen que ver con el goce pleno de la salud, como la BULIMIA Y ANOREXIA, nos ha parecido oportuno exponer el tema para la consideración académica, como una manera de iniciar la reflexión jurídica para paliar y solucionar este flagelo social que ataca hoy a nuestro país.

 II- LA SALUD COMO UN DERECHO NATURAL:

La salud, postulado paradigmático de una vida digna, es un derecho natural que integra el grupo de derechos humanos inherentes a la naturaleza del hombre, preexistentes a su reconocimiento en el derecho positivo.

Debemos, por lo tanto comenzar haciendo una breve referencia a lo que entendemos por derecho natural, derechos fundamentales y derechos humanos como una consecuencia necesaria del respeto de aquellos.  

Los derechos humanos, son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables e imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político, como un necesario reconocimiento del derecho natural que es el que designa el orden justo por sí mismo, que inspira y se sitúa por encima del derecho positivo, posee validez y eficacia jurídica por sí mismo, no dependiendo de una norma legal vigente.

Reconocemos a la ley natural como aquélla que participa de la ley eterna y ordena la conducta de la criatura racional, llamándose así porque lo que manda o prohibe lo hace en razón de la naturaleza del hombre y es una misma e igual para todos los hombres y en todos los lugares y épocas.

Recientemente, en el curso de la historia, estos derechos fueron enmarcados en el contexto del Derecho Constitucional como derechos fundamentales del individuo. Al ser incorporados en las declaraciones de derechos y garantías de los ciudadanos dentro del texto mismo de las constituciones, han adquirido condición de normas jurídicas fundamentales a las que se añaden otras leyes tendientes a la protección de los mismos en el derecho común interno. 

En el orden internacional, a través de distintos instrumentos se los ha denominado “derechos humanos”.  Es asi como ambos ordenamientos, reconociéndolos, los han calificado como derechos y libertades propiamente dichos.  Entre los principales mencionaremos los siguientes: vida, integridad física y moral; libertad ideológica, religiosa y de culto; libertad y seguridad; igualdad y no discriminación; honor, intimidad personal y familiar, entre otros muchos.  Cabe citar, asimismo, como derechos de los ciudadanos consagrados en las constituciones a los derechos económicos y sociales, y dentro de ellos el derecho al régimen público de Seguridad Social, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a disfrutar de una vivienda digna, etc.. 

Por ello todo lo referente a los derechos fundamentales y las libertades públicas, es un tema de protección, de afirmar las garantías del ciudadano consideradas como indispensables frente al poder del Estado.

Siendo ello asi, es necesario arbitrar un sistema de inmediato amparo judicial de los derechos y libertades fundamentales frente a su desconocimiento eventual por los agentes administrativos. Los derechos y libertades fundamentales sólo pueden suspenderse con carácter excepcional, en supuestos y circunstancias reglados en los propios textos constitucionales.

III-  EL DERECHO A LA SALUD Y LA SITUACIÓN SOCIO-ECONOMICA

El derecho a la salud entramado con el derecho a la vida, se entreteje con varios derechos positivos, como el de trabajar, descansar, alimentarse, integrando  lo que comúnmente se denomina calidad de vida.  Siendo un derecho complejo, se hace necesario construirlo porque para varios sectores sociales es una aspiración, incluso, en algunos lugares, muy lejana.

Los países en vía de desarrollo presentan el paradójico cuadro de convivencia de la alta tecnología con la carencia de elementos primarios y esenciales para acceder a una vida sana por parte de gran parte de la población, lo que hoy se ve agravado por el sistema globalizado y la concentración económica que hacen de la equidad una utopía y de los derechos humanos un postulado nominalista.  Por ello es necesario y se justifica que se profundicen los caminos para lograr una sociedad que se corresponda a los derechos que enuncia.

En el presente existen muchas personas que carecen de cobertura médica y no tienen un nivel económico que les permita acceder a una medicina privada, por ello es el estado el que debe cumplir un rol activo en la protección de este derecho, a través de la seguridad social, que no solo consiste en la promoción del mismo, sino también en tomar a su cargo los grupos de riesgo con una acción solidaria y eficaz.

Esta función, la de garantizar el derecho a la salud, integra, juntamente con la seguridad y la justicia las funciones indelegables del Estado mismo.

Por ello, siendo el estado el principal responsable de la salud de la población, debe implementar políticas socio económicas de redistribución de los recursos que promuevan el desarrollo y la asistencia sanitaria de los que menos tienen.

Si el derecho a la salud, desde el punto de vista legal es reconocido y protegido por normas del más alto rango, el desafío de la hora presente es lograr el eficaz acceso a los sistemas de salud, ya sea públicos o privados, que permitan la actualización del derecho subjetivo de una persona, de conservar la salud si la  posee y de recuperarla si la ha perdido.

            Para lograr éstos objetivos, la dinámica de los derechos humanos no debe detenerse nunca, sino crecer hasta lograr su efectiva y permanente vigencia, la cual una vez concretada, requerirá siempre de un paso más para el perfeccionamiento, pues si se detiene el proceso, se retrocede  y se pierden las garantías.

Para que el reconocimiento de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales, no sean meramente declarativas es necesario en primer lugar, que el Estado defina políticas de salud claras y concretas, basadas en la realidad de los hechos sociales actuales y las necesidades de salud, actuando de manera abierta, participativa y solidaria.

En segundo lugar, los individuos  y las organizaciones privadas, deben coadyuvar activamente a la concreción del fin último del estado.  Ello debe ser así, porque el reconocimiento de los derechos humanos debe crecer y lograr su efectiva vigencia en la conciencia y conducta de los individuos y de los grupos sociales, porque los sujetos de estos derechos, no pueden permitirse olvidar que al integrar la sociedad, adquieren la obligación de reconocerlos y respetarlos.

Este respeto no puede coexistir con la pasividad actual, de muchas personas y grupos sociales. De hecho, la actividad de las O.N.G. ha determinado en el mundo y en nuestro país la asunción de deberes para la concreción de derechos fundamentales, encauzando acciones solidarias individuales y comunitarias, con excelentes resultados en la realización de los derechos subjetivos individuales y familiares.

Habrá que ceñir las filas, para que en la lucha contra la injusticia que significa la  no efectivización del derecho a la salud, no quede nadie, ni personas ni grupos sin asumir las responsabilidades que le son propias, según su condición, y así entre todos podremos hacer realidad día a día el bien común en una sociedad concreta, no idílica, con hombres concretos, no perfectos, humanos capaces de felicidad, con dimensión humana.

 IV- EL DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO POSITIVO

Antes de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud como derecho humano implícito pretendió protegerse a través del art. 33 de la Constitución Nacional, mediante la acción de amparo, aunque este recurso fue cuestionado por los propios jueces durante largos años, exigiendo requisitos extremos.  Recién por los años noventa el amparo recuperó su sentido de medio eficaz para proteger un derecho cuando el hecho objeto de reclamo era efectivamente urgente.

            Luego de la reforma constitucional el derecho a la salud se explicita como calidad de vida en el art. 41 cuando expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo...”

            El texto transcripto se completa con la disposición del art. 43, que reglamenta la tutela efectiva al disponer: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial mas idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, un tratado o una ley...”

            No debemos olvidar que el art. 75, inc. 22, ha otorgado nivel constitucional a una serie de declaraciones, pactos y convenciones que expresamente en su articulado reconocen y tutelan el derecho a la salud.

             Asi, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución Nº 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en su art. 25 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...”.  Como se ve es una amplia consideración que explicita, incluso el aspecto de la atención médica.

            El art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución Nº 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, califica el derecho a la salud en el inc. 1 cuando dispone: “Los estados partes, en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más lato nivel posible de salud física y mental...”

            En el ámbito internacional, se le concede tutela efectiva a este derecho, en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida vulgarmente como Pacto de San José de Costa Rica, sancionada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, cuando dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales...”

            También, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, en su art. 24 contiene una disposición específica sobre el tema: “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de su salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.  Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios...”.

            Art. 26 de la Convención......

Tanto la Declaración Americana de 1948 y el Pacto de San José de Costa Rica, prevén dos órganos ante los cuales recurrir a fin de hacer valer los derechos reconocidos en el articulado. Ellos son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando así el derecho de fondo con normas de procedimiento internacionales.

Nuestro derecho interno entonces, contiene normas de fondo y de forma, protectoras de la salud.  Para que dichas disposiciones, tengan una efectiva vigencia, deberán aplicarse con espíritu solidario y flexible, para que también sean eficaces.

V- BULIMIA Y ANOREXIA: UN FLAGELO SOCIAL

            “La vida es lucha constante y debe ser, lucha magnífica”, predicaba ya  en la mitad del Siglo XX Fray Mario Petit de Murat O.P.  En nuestras almas de jóvenes estudiantes, pegaba fuerte éste pensamiento, con más emotividad que comprensión. Con los años, aprenderíamos que la magnificencia de la lucha, sería una realidad cotidiana que excedería a muchos y haría abandonar el ideal de vida que soñáramos a otros tantos.

            Descubriríamos que la práctica de la virtud encontraría vallas insalvables, en la difusión masiva de pobres “modelos” a imitar, que tanto nos alejaría de las virtudes heroicas que nos legaron nuestros héroes y nuestros santos.

            Pero lo más grave es que hoy, ya en la edad madura, advertimos que la difusión de los ideales hedonistas, que ha llevado a la sociedad a la ingenuidad de pensar que se puede crear la perfección física del hombre, a partir de la delgadez, privilegiando la exterioridad y la apariencia física por encima de sus valores espirituales, ha tenido como principales destinatarios a los jóvenes y a los niños.

            Cuando ya creemos superados los malsanos ideales que inspiraron las motivaciones del régimen y las leyes del  “Tercer Reich” aparecen nuevas postulaciones de “perfecciones físicas” que llevan a la humanidad a nuevos genocidios culturales.

            En efecto, pareciera que los hombres, masivamente, han internalizado , el ideal de una sociedad feliz en un mundo de “flacos”.  Lindos y perfectos no por el ser, sino por el único adjetivo que pareciera hoy, definir la perfección: ser flaco.

            Es así que inauguramos el nuevo siglo, con las pautas culturales que han determinado que la delgadez sea un sinónimo de éxito social.  Muchos de nuestros jóvenes luchan por lograr  el “físico ideal”, motivados por modelos o artistas o por la publicidad comercial.  Muchos de ellos creen  sinceramente que “el mundo es de los flacos”.

            Debemos agregar, que dicha aseveración, no parece tan infundada, cuando advertimos que vivimos en un mundo en el cual todo se compra y se vende y lo que más vende es la imagen.  Y la imagen artificialmente creada e impuesta.  Si a vuelo pájaro, observamos el aspecto físico de las personas que ocupan los trabajos más expectables, o nos detenemos en un estudio de “marketing laboral”, corroboraremos, que en la obtención de los empleos, superan por amplia mayoría los “flacos”, aunque tengan aspecto enfermizo, a los de figura más robusta, y que en la consideración del ítem “buena presencia”, consciente o inconscientemente, se privilegia a las personas delgadas.

            Las imposiciones de peso insalubre a las que se obliga a las modelos; la imagen a la que acceden a costa de cirugías, dietas y gimnasias irracionales los artistas, políticos y en general los “ricos y famosos”, que los llevan hasta a mutilar sus cuerpos extirpando costillas para afinar la cintura; el delirio masivo en el que han caído modistos y empresarios de la industria del vestido, que los lleva a fabricar talles de ropa “moderna” por debajo de las medidas normales etc. hacen que los jóvenes tengan una imagen distorsionada del aspecto físico normal, saludable o bello, de manera tal que muchos, cuyo peso natural excede el standard de delgadez que la sociedad impone, se deprimen, se autocritican y se sienten perdedores y desvalorizados.

            “Ser flaco, es sinónimo de éxito” grita con éstos ejemplos el siglo. “Si soy flaco todo será más fácil” es lo que la mayoría cree firmemente y esto hace que todos los esfuerzos se centren en una “dieta mágica”, con restricciones alimentarias que pueden provocar daño severísimo a la salud mental y física de las personas.

            Es así como nuestra cultura, al abandonar valores éticos fundamentales, es el caldo de cultivo de un fenómeno patológico que brota y se expande a pasos agigantados, y que en el lenguaje popular y médico se ha dado en llamar Bulimia y Anorexia, según que la patología alimentaria sea de restricción o de sobrealimentación.

            Pero he aquí lo paradojal, no se escucha casi hablar de enfermedad, referido a la bulimia y anorexia, por lo menos desde los medios  o desde los organismos públicos o privados que son los que podrían aportar soluciones factibles, desde la detección del fenómeno.

            Mucho menos por parte de las personas y las familias, que en general se refugian en la complicidad del secreto, o de la verdad a medias, por temor a lo que no conocen, no obstante que advierten el daño que provoca; por la posibilidad de descrédito social; por un sentimiento de culpa casi diría irracional; que paraliza la acción de búsqueda de ayuda médica o psicológica, por el temor al juicio o la sanción en sus medios sociales.

            En fin, temor a perder el trabajo o a ser desplazado, y podríamos multiplicar los justificativos que personas, familias y grupos sociales de la más diversa índole, para ocultar lo que anticipamos, es para nosotros, una de las más graves enfermedades que se generalizaron en la población, en el siglo que ya nos abandona.

            Pero adentrémonos un poco en las realidades: ¿Qué se preguntan los padres, y las familias, cuando observan algunas conductas en los jóvenes y los niños que no saben cómo calificar?

            ¿Estamos frente a una enfermedad?  Generalmente la respuesta es no. Nuestra hija está haciendo una dieta, como la mayoría de las adolescentes que conocemos.  Tal vez se reconoce, esté menos comunicativa, no quiera compartir comidas con nosotros, o pase demasiado tiempo en el gimnasio.  Se piensa espontáneamente, que estas actitudes de por sí,  no tienen por qué alarmarnos, se minimizan algunas señales de “enfermedad” que se advierten.  Y los jóvenes y familiares prefieren concluir en “todo está bien” “ya se le pasará” y se evita profundizar en lo médico o sicológico y se sigue actuando como si la salud no estuviera comprometida.  Y se pasa a la segunda pregunta:

            ¿Se trata de un capricho? Esto también se preguntan los padres y honestamente piensan que es así. Que no obstante que el hijo ha cambiado el carácter, que se muestra agresivo u hostil, inmediatamente reflexionan sobre el comportamiento que han tenido los mismos, “siempre”.  Nunca ha traído problemas a casa, es buen estudiante, buen hijo y una serie de calificativos que hacen a la definición moral y ética del hijo.  Lo cual, como veremos, tiene poco que ver con las conductas que aparecen como signo claro de una enfermedad y no como un mero cambio de capricho dispensable y transitorio.  Surge necesariamente la tercera pregunta:

            ¿Serán problemas de adolescencia?  Los padres son proclives a pensar que se trata de una situación circunstancial que se revertirá con el paso del tiempo. Su interés por ser “flaco” no difiere del común de las personas.  La mayoría de las personas “están a dieta”.  La obsesión con que se somete mi hija o hijo, “es cosa de la edad” etc.  Pero he aquí, que la experiencia nos indica que las personas que no reciben tratamiento, superan la adolescencia y a veces la juventud, sin variar estas actitudes “adolescentes”.-

            No cabe duda, entonces que frente a estas situaciones detectadas desde los individuos actuando en sociedad, en los ámbitos educativos, hospitalarios, familiares y profesionales, no dudamos en admitir el fenómeno, como un verdadero flagelo social, que debe movernos a investigaciones fácticas más  profundas para ir delineando soluciones para un mal cada vez más frecuente en todos los ámbitos y que no privilegia situaciones económicas  culturales y sociales y que castiga a todos por igual.

VI- BULIMIA Y ANOREXIA ¿UNA ENFERMEDAD?

La Organización Mundial de la Salud, define como estado de salud de un individuo “el bienestar físico, mental y social del sujeto humano”.

            La sensación de bienestar físico solo es compatible con una integridad anatómica y la armonía funcional  consecuente.

            El estado de salud mental es un concepto no fácilmente definible, ya que por un lado existe la actitud del psiquísmo para funcionar en forma equilibrada y por el otro, existe el impulso de efectuar y comprobar condiciones que predisponen y acompañan a un desarrollo equilibrado de la personalidad, con la capacidad de desarrollar relaciones normales con el grupo familiar y social al que se pertenezca.

Resumiendo, consiste en: 1) Facilidad de adaptarse a los ambientes y situaciones. 2) Capacidad de gozar con medida plena los dones de la vida.

(Diccionario de Derecho Social .RODOLFO CAPON FILAS - EDUARDO GIORLANDINI; pag: 452, Ed. RUBINZAL-CULZONI - 1.987).

            A partir de éstos conceptos generales sobre la salud, veremos cómo se presentan la anorexia y la bulimia, para considerar si estamos o no en presencia de una enfermedad.

            Anorexia nerviosa: De lo que escuchamos en los consultorios jurídicos, de personas cuyos hijos reciben o no tratamiento médico, tienen o suponen un diagnóstico médico, resumiremos algunas alteraciones físicas y psicológicas que produce la anorexia.

            Quienes la padecen, no reconocen estar enfermos, tienen un miedo intenso a aumentar de peso y se ven “gordos”.  Estas tres razones básicas se potencian y dan como resultado una obsesión por adelgazar que no tiene límites, ni en el deseo ni en los medios que se emplean para lograr el objetivo.  La Bulimia nerviosa es muy difícil de detectar, sobre todo para los padres, ya que en la mayoría de los casos no existe un factor importante que llame la atención, como el bajo peso de los que padecen anorexia.  Las conductas patológicas “altamente secretas” de los que la padecen no permiten percibir con facilidad una señal de alerta que indique una posible enfermedad.  El “comer a escondidas” impide constatar un acto de voracidad.  El “atracón” es una conducta que se practica en soledad.  El abuso de laxantes, diuréticos y anorexígenos también se oculta.

En ambos casos, se advierten conductas compulsivas, de diversa índole que no es el caso de analizar, que llevan a la persona y a su grupo familiar a un desasosiego permanente que le impide adaptarse a los ambientes y situaciones y le que ocasiona la pérdida paulatina de su capacidad de gozar con medida plena los dones de la vida.-

            Fuera que producen consecuencias sicológicas que se traducen en miedos (fundamentalmente a crecer y a asumir responsabilidades), las obsesiones y las compulsiones, que no son sólo comer o no comer, sino también, comprar o no comprar, elegir o no elegir etc., también se producen efectos físicos notables y disvaliosos para la salud, tales como caída anormal del cabello, aflojamiento de los dientes, escamaciones de la piel, pérdida de potasio y otros elementos esenciales en sangre, entre otros.

Sin mayor abundamiento y comentarios, no cabe duda que estamos frente a una enfermedad y en el caso de la bulimia nerviosa, ha sido llamada “el secreto que mata”.

No nos encontramos en condiciones de presentar estadísticas, nos limitamos a decir que de acuerdo a un boletín informativo publicado por A.L.U.B.A. en el año 1.995, de donde también extrajimos algunos datos sociales y médicos, según la O.M.S., un alto porcentaje de personas mueren de patología alimentaria si no reciben tratamiento.  Si los que la padecen no se tratan, pueden agravar su estado de salud, tener problemas graves dentro de la familia, los trabajos y en el grupo social en que actúen, perderán la autoestima, y, en sus extremos, esta actitud puede llevar al suicidio, no lograrán independencia y autosuficiencia, no obtendrán una inserción social adecuada, reducirán su vida a un mundo pequeño, no lograrán ser individuos sanos y felices.

En base a éstos conceptos, reiteramos que estamos frente a una enfermedad y de consecuencias disvaliosas, individuales y sociales graves.

 VII– DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL TRATAMIENTO DE ÉSTA DOLENCIA.

          Si la bulimia y anorexia, son enfermedad, si el no recibir tratamiento implica daño para la salud y daño progresivo, que en algunos casos puede llevar a la disminución indigna de la calidad de vida que corresponde a una persona o a la muerte, cabe concluir que dicha enfermedad se debe incluir, dentro de las protegidas por la seguridad social pública y privada, acordes con nuestro derecho constitucional, ya mencionado, doctrina y jurisprudencia aplicada con respecto a otras enfermedades y también en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.

 VIII- ULTIMAS REFLEXIONES SOBRE Y DESDE UN CASO EN SAN SALVADOR DE JUJUY.

            Nuestra reflexión estaría incompleta y nuestra postura podría parecer endeble, dado que estamos hablando de consecuencias jurídicas sobre hechos médicos, si no presentáramos por lo menos un caso, que justifique nuestro parecer desde la experiencia.

            Durante la Feria judicial de Enero de 1.997, se presenta una madre, con un certificado médico de una siquiatra y el resultado de una Junta Médica, en los que se indicaba que su hija  de 32 años de edad: “Se encuentra incapacitada por un trastorno obsesivo, compulsivo grave, provocado por una anorexia nerviosa grave, presentando a la fecha una incapacidad total y transitoria”

            La madre solicita consejo jurídico y actuación judicial para obtener ayuda médica especializada ya que la salud clínica general de su hija, que pesaba entre 37,5 kilos y medía 1,55 m. de altura  se encontraba en el período de compulsión grave de la anorexia, lo que implicaba, en el caso y en el momento, que no podía dirigir sus actos ni su persona.  Había sido internada en varias oportunidades en el hospital de agudos y de derivación de la Pcia. de Jujuy y se había escapado por lo que la Sra. solicitaba que se le brindaran las seguridades necesarias para que permaneciera internada en el hospital hasta que fuera controlada en su compulsión y contenida por completo.

            La hija rechazaba todo tipo de tratamiento y de control y no duraba más de dos o tres horas en el hospital, regresando al hogar donde no era posible contenerle los vómitos, las deposiciones y no se conseguía alimentarla de manera adecuada. 

            La madre contaba con obra social, pero la hija al ser mayor de edad no podía acceder al beneficio, en este caso privado, tampoco al público, porque el hospital no contaba con servicios adecuados para la contensión y tratamiento de la paciente.

            Ante la situación se solicitó una protección de persona civil, actuando la funcionaria como Defensora de Incapaces, asumiendo la representación promiscua de la hija juntamente con su madre, quien actuó en nombre propio.

            Como medidas protectorias se solicitó la internación inmediata de la paciente en el hospital para su reconocimiento clínico general, con los estudio complementarios para evaluar el estado de salud, diagnóstico y pronóstico clínico, tratamiento que debería realizarse con informe por escrito.  También, el reconocimiento siquatrico y sicológico completo con diagnóstico y pronóstico pormenorizado y tratamiento pertinente, si fuere necesario. 

Dado que la bulimia y anorexia son una enfermedad que requieren una especialidad médica específica y con indicación de terapias de contención y tratamiento no convencionales, con permanentes controles clínicos, químicos y siquíatricos, nos opusimos a que fuera internada en el Hospital Nueropsiquíatrico.

Hasta tanto pudiera ser trasladada a otro centro especializado, se solicitó que se ordenara al hospital la realización de todos los tratamientos necesarios, con contratación de personal especializado, si el mismo no lo tuviere en su planta permanente.

            También se solicitó, como medida cautelar la afiliación de nuestra representada en la Obra Social Provincial, en virtud de la afiliación de la madre y dada las características de la enfermedad que padecía, la cual le producía una incapacidad total, aunque transitoria, con riesgo de vida si la enferma no recibía tratamiento adecuando, asi como la intervención tanto de dicha obra social como del Ministerio de Bienestar Social para que evaluaran la posibilidad de afiliación voluntariamente y en caso de negativa, por orden judicial.  Finalmente, se solicitó la derivación a un centro especializado en la Ciudad de Bs. As., cuyo costo debía se soportado por la obra social.

            Los planteos fueron acogidos favorablemente por el Juez de Feria y libró todos los oficios solicitados, teniéndose presente el pedido de derivación efectuado.  En respuesta a ellos el hospital informa que procedió a la internación de la paciente, el mismo día que recibieron el oficio y confirma el diagnóstico de anorexia nerviosa y describe detalladamente todos los síntomas de la enfermedad tanto en la paciente como en su familia, coincidente con las que hemos expuesto.

            Concluye diciendo que padece una enfermedad psiquiatrica grave con repercusión orgánica, que excede las posibilidades de su personal, no capacitado para este tipo de padecimientos, considerando necesaria y urgente la derivación a una institución que cuente con un equipo multidisciplinario especializado en el tratamiento y control de pacientes con anorexia nerviosa, por carecer del mismo la institución.

            Voluntariamente, y sin necesidad de orden judicial, la Obra Social accede a asociarla como hija de la titular y fue internada transitoriamente en una clínica especializada por 30 días, donde se logró compensarla físicamente, careciéndose de noticias sobre la evolución del caso en la actualidad.  Aunque sabemos que no fue derivada a Bs. As., ni por el Ministerio de Bienestar Social, que no respondió el oficio, ni por la Obra Social, ni por el Juzgado.

            Hasta aquí, creemos que este es el primer y único caso en Jujuy en que se realizó un planteo judicial para lograr la protección de la seguridad social a un enfermo de anorexia.  Ello mediante una medida cautelar y con una enferma prácticamente terminal.  No sabemos que hubiera pasado si el estado de salud no hubiera sido tan grave  y si el planteo hubiera sido de fondo.

            No lo sabemos, porque no ocurrió, pero nos quedó la inquietud de avanzar sobre el tema, ya que advertimos que  no obstante la clara definición de enfermedad grave, las obras sociales en general, no cubren un tratamiento integral de la bulimia y anorexia, ni la derivación a un centro especializado de tratamiento, solo hacen lo que se podría llamar exámenes y tratamientos de rutina frente a los síntomas de cualquier enfermedad codificada.  Algunas obras sociales, la minoría reconocen algunos tramos o porcentajes del costo del tratamiento, o bien ayudan al afiliado con cargo de devolución.

            No cabe más que destacar que los que padecen esta enfermedad de la bulimia y anorexia, lejos de contar con la protección declarada y garantizada en la Constitución Nacional, se encuentran desprotegidos, especialmente las clases de más bajos recursos que al no contar con obra social ni siquiera pueden acceder a la compensación, aunque sea transitoria, de su estado de su salud, ya que los hospitales públicos no cuentan ni con los más mínimos requerimientos para cubrir las necesidades del enfermo.

            Lo expresado hasta aquí, nos hace recordar en énfasis la recomendación de Ortega y Gasset: “argentinos a las cosas”.

            Tal vez las conclusiones de este modesto trabajo, ayuden a poner en la atención de todos la necesidad urgente de dar cobertura social a quienes padecen este tipo de enfermedades “no convencionales” y a trabajar por una verdadera protección de la salud.

 IX- CONCLUSIONES

 1-     La salud, postulado paradigmático de una vida digna, es un derecho natural que integra el grupo de derechos humanos inherentes a la naturaleza del hombre, preexistentes a su reconocimiento en el derecho positivo.

2-     Dicho derecho, es Derecho Constitucional Argentino, ya sea por la vía del art. 33, como garantía constitucional y también luego de la reforma de 1994 por las disposiciones de los arts. 41 y 43 y los Instrumentos Internacionales incorporados a nuestra Constitución ( art. 75 inc. 22).

3-     En el presente existen muchas personas que carecen de cobertura médica y no tiene un nivel económico que les permita acceder a una medicina privada , por ello es el estado el que debe cumplir un rol activo en la protección de este derecho social.

4-     Siendo el estado el principal responsable de la salud de la población debe implementar políticas socio económicas de redistribución de los recursos que promuevan el desarrollo y la asistencia sanitaria de los que menos tienen.

5-     Nuestra cultura, al abandonar valores éticos fundamentales, es el caldo de cultivo de un fenómeno patológico que brota y se expande a pasos agigantados, en el lenguaje popular y médico se ha dado en llamar BULIMIA Y ANOREXIA, según que la patología alimentaria sea de restricción o de sobre alimentación.

6-     Dicho fenómeno, se presenta como un flagelo social y se define como una enfermedad psiquiátrica, de consecuencias disvaliosas, individuales y sociales graves.

7-     Dicha enfermedad implica  la disminución o pérdida del bienestar físico, mental y social del sujeto humano, determinando en el mismo, la inadaptación a los ambientes y situaciones nuevas, poniendo en definitiva en jaque su capacidad de gozar con medida plena los dones de la vida.

8-     Si el enfermo no recibe tratamiento especializado dañará progresivamente su salud, lo cual puede determinar la disminución indigna de la calidad de vida que corresponde a una persona, lo cual puede llevarlo hasta la muerte con el consecuente daño a la  sociedad toda.

9-     Cabe entonces concluir que la BULIMIA Y ANOREXIA deben ser incorporadas dentro de las enfermedades protegidas por la seguridad social pública y privada. Lo contrario implicaría el desconocimiento de normas constitucionales prevalentes de primer y segundo rango, de la doctrina y jurisprudencia aplicada con respecto a otras enfermedades, como así también el incumplimiento palmario de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.

ELSA ROSA BIANCO                         SUSANA M. T. DE CARDOZO

 BIBLIOGRAFIA

-BERLINGUER, Giovanni – Etica de la salud – Ed. Editorial Lugar.

 -MESSUTI, Ana – Revista Internazionale di Filosofía di Dirito, “Obligaciones humanas, apuntes para la formulación de una idea”

 -HOOFT, Pedro F. – Casos de Boiética – Ediciones Depalma, Bs. As. 1998.

 -BELLUSSIO, Augusto Cesar – “Incidencia de la reforma constitucional en el derecho de familia” – La Ley, 1995-A-936.

 -Conf. SAGUES, Nestor Pedro – “Los Tratados Internacionales en la reforma constitucional argentina de 1994 – La Ley, 1994-E-1036, Apart. IV. Citado por Bellussio op. cit..

 -SAJON, Rafael, Derecho de Menores – Editorial Abeledo Perrot – 1995.

 -GUIA PARA LA FAMILIA – A.L.U.B.A. – 1995.